Juan Soto Godoy

Introducción:

Sin pretender que exista una igualdad en los procesos de desarrollo, democracia y participación en América Latina, no es menos cierto que por la imposición de un modelo económico, político, social y cultural fruto del largo período colonial que sufrió América Latina, encontramos una evolución y características comunes a nuestros países.

Si bien es cierto que el período republicano, que siguió al período colonial, permitió una mayor diferenciación de un país al otro, no es menos cierto que en ciertos rasgos económicos, políticos, sociales y culturales se mantienen similitudes entre ellos.

En lo económico la estructura productiva estuvo orientada a satisfacer los requerimientos de la potencia colonial, no existiendo un concepto de desarrollo que permitiera orientar dicha actividad hacia la satisfacción de las necesidades de la población y hacia la implantación de un modelo orientado a lograr un proceso de desarrollo de los territorios latino-americanos. Con posterioridad, y ya durante el período republicano, la dogmatisación e imposición de la División Internacional del Trabajo no permitió alterar profundamente el modelo vigente. Como consecuencia, básicamente un modelo centrado en la exportación de materias primas, domina casi sin contrapeso en la mayoría de nuestros países.

En lo político, un largo período de anarquía caracterizó el inicio del período republicano. Las ambiciones regionales al interior de cada país, los caudillismos militares, las luchas políticas generaron un largo período de desestabilización política que en algunos países duró hasta mediados del siglo XX. La situación se agrava a partir de la segunda mitad del siglo XX con la toma generalizada del poder por parte de las fuerzas armadas, dentro de la aplicación de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, doctrina creada dentro del marco de la polarización generada por la guerra fría que se produjo al término de la segunda guerra mundial.

En lo social y cultural el período colonial estableció una rígida estructura de clases sociales que en lo fundamental predomina hasta nuestros días. Dentro de ella se marginó social, económica, política y culturalmente a la población indígena. En efecto, el concepto colonial no generó ni vitalizó ni se enriqueció con una eventual integración de sociedades y culturas diferentes, sino que actuó imponiendo la estructura social y la cultura del conquistador sobre la sociedad conquistada. Esta situación no cambió con la independencia y constituye hasta el día de hoy uno de los problemas latentes en los países latinoamericanos ya que la población indígena continúa marginada en la mayoría de las sociedades nacionales. A ello debemos sumar las diferencias de oportunidades que afectan a los sectores más desfavorecidos de la población nacional, como consecuencia de una grave desigualdad en la distribución de los ingresos, factor que origina una serie de tensiones a nivel de las distintas sociedades nacionales.

Es dentro de este marco que debe analizarse la reflexión sobre una nueva concepción que permita generar una economía al servicio del hombre y una democracia política que traspase lo meramente formal permitiendo que los actores y organizaciones sociales puedan tener una participación efectiva que no quede solo restringida a la sola elección de sus representantes en las distintas instancias del poder político.

Una economía excluyente:

La imposición de la globalización económica, en la concepción neoliberal, con su corolario del mercado como único regulador de la actividad económica está generando una creciente exclusión tanto a nivel internacional como al interior de los distintos países .

Este fenómeno a nivel internacional se manifiesta en la cada vez más limitada soberanía que tienen los países del tercer mundo para programar y desarrollar sus propias políticas nacionales. En efecto, a través del FMI y otros organismos internacionales toda tipo de ayuda, de renegociación de deuda o de préstamos queda condicionada a la aceptación de los programas que imponen dichos organismos. Estos programas se abstraen de la realidad de los países recurrentes y de los efectos económicos, políticos y sociales que las medidas propuestas pueden traer en dichas sociedades. Por ello prima la decisión de incorporar las economías de dichos países al modelo neoliberal.

Es de extrañar que no solo se pretenda aplicar fórmulas comunes a realidades deferentes, sino que además no se realicen evaluaciones que muestren y demuestren las ventajas y resultados de la aplicación de dichas políticas. El ejemplo de Argentina es elocuente. Por años fue mostrado como el discípulo meritorio de la aplicación de las instrucciones de FMI ignorando las voces de alerta al interior del país que señalaban los efectos negativos que dichas normas estaban generando en la economía nacional y que más pronto que tarde llevarían al país a una crisis mayor. Al producirse la crisis, incluso en un grado mucho mayor que el previsto, al interior del FMI no solo no se realizó una evaluación de lo ocurrido, sino se siguió condicionando cualquiera nueva ayuda o reprogramación de pagos a la aceptación del nuevo (de los nuevos ) gobierno de las mismas condiciones que generaron la crisis económica y los graves problemas que condujeron a violentas movilizaciones sociales. Solo una acción concertada de varios países frente al FMI logró obtener una mayor flexibilización de éste.

Esta exclusión en la toma de decisiones de los respectivos gobiernos respecto a determinar y poner en marcha proyectos de desarrollo en función de las realidades económicas, sociales y culturales de cada país genera un distanciamiento cada vez mayor entre las economía de los países desarrollados y los países del tercer mundo.

A nivel interno la aplicación de las políticas de globalización en el sentido neoliberal está generando igualmente crecientes desigualdades al interior de los países. En efecto, a nivel económico se consolida un sector orientado a la exportación que se caracteriza por su modernidad, dinamismo y éxito económico. Junto a éste, la mayoría de los restantes sectores económicos orientados hacia el mercado interno, ven debilitadas sus posibilidades de desarrollo ya que deben enfrentar la creciente competencia de productos importados, la mayoría de los cuales vienen subvencionados desde sus países de origen. Como consecuencia se crea una dicotomía interna en la cual coexisten 2 sectores económicos con diferentes características, situación que genera por una parte una fuerte concentración de la riqueza y por la otra una extensión o masificación de la pobreza.

El caso de Chile es elocuente. Nadie puede negar que el país ha alcanzado fuertes tasas de crecimiento y desarrollo económico y que paralelamente ha logrado disminuir las tasas de pobreza y de miseria. Sin embargo cuando se analiza la distribución interna del producto nacional se observa que ésta no ha mejorado y que continúa favoreciendo a los sectores más pudientes de la sociedad.

Lo paradójico de esta situación es que no solo está afectando a los países del tercer mundo, sino que igualmente está desarrollándose en forma creciente en los países desarrollados. El modelo ha “logrado” mantener, como factor estructural, una alta tasa de cesantía, una disminución de los beneficios sociales y una concentración de la riqueza en favor de un sector de la sociedad a través del mecanismo de la distribución de los ingresos.

De ello se deduce que los efectos negativos de dicha política se están igualmente “globalizando” lo que permite unir esfuerzos entre países desarrollados y del tercer mundo, no solo para evitar dichos efectos negativos, sino igualmente para reflexionar en conjunto y proponer modelos alternativos de desarrollo.

Una política excluyente:

El proceso de globalización neoliberal conlleva igualmente una marcada exclusión política. En efecto los gobiernos, al tener que aplicar normas y políticas impuestas desde el exterior, no pueden interpretar ni responder a las necesidades expresadas por la población nacional.

Ello genera un debilitamiento de la democracia ya que en general el ciudadano, al ver excluidas sus inquietudes, necesidades y propuestas no se siente interpretado por la política gubernamental , lo que lleva a una creciente apatía y auto marginación.

Por consiguiente la toma de decisiones políticas se concentra cada vez más reducida en una restringida cúpula gubernamental que, en la generalidad de los casos, se encuentra con un estrecho margen de decisión, siendo presionada por los factores externos y los intereses del sector empresarial vinculado al sector dinámico de la economía.

Bajo estas circunstancias se generan paralelamente 2 situaciones:
- por una parte, a nivel gubernamental se va interiorizando una actitud de frustración al tomar conciencia de los estrechos límites en que se puede desenvolver la acción del gobierno con lo que se crea una actitud de aceptación pasiva de las “reglas del juego” o bien se produce el alejamiento de los mejores cuadros gubernamentales al constatar la imposibilidad de llevar a cabo políticas adecuadas para resolver, o mitigar, los problemas de la sociedad nacional,
- por la otra, a nivel de la ciudadanía se va generalizando una situación de apatía y de frustración que conlleva a la marginalización de la actividad política. Esta actitud repercute negativamente en los partidos políticos, que ven cada vez más disminuidos sus militantes , en la juventud, que siente que su participación carece de toda relevancia y que por consiguiente se retrae incluso de su participación en los actos electorales y en la población en general que pierde confianza en que a través de la política y de los políticos pueda encontrar una solución a sus problemas cotidianos.

El peligro de esta situación es evidente ya que no solo produce frustración y apatía sino que además se genera una desorientación a nivel de la población, lo que la deja expuesta a experiencias populistas o extremistas ya sean éstas de derecha o de extrema izquierda. La realidad tanto en los países desarrollados como en el tercer mundo demuestra lo generalizado de esta situación. En efecto no es casualidad el desarrollo y la aceptación de un importante sector ciudadano de las ideas que hoy sustentan partidos y sectores vinculados al fascismo en Europa o a líderes populistas de derecha en América Latina. Más preocupante aun es que dichas ideas incluso han penetrado en sectores populares tradicionalmente vinculados a partidos progresistas y partidos de izquierda. Evidentemente la desorientación que genera la exclusión política puede facilitar el camino a cualquier nuevo movimiento que logre canalizar esta desorientación y frustración ciudadana.

En América Latina el fenómeno populista de los años 30 y 40 tuvo una connotación diferente ya que estaba vinculado a una política de mayor autonomía nacional tanto en el campo político como económico y con una fuerte connotación de cambio social. En ese esquema al Estado le correspondía un rol fundamental como orientador y ejecutor de una transformación de la sociedad. En el esquema actual del populismo latinoamericano de derecha esos rasgos están ausentes, tal como está ausente un diseño político que tienda una mirada hacia el futuro y un real compromiso social que logre un desarrollo armónico para el conjunto de la sociedad nacional. El caso de Chile con la postulación de Lavín representa un ejemplo típico. Sin un programa de gobierno, con solo presentar medidas puntuales, con enormes recursos económicos en su campaña, con una publicidad vacía y populista y presentándose como el candidato del cambio, sin siquiera especificar a que cambio se refería, estuvo no solo a punto de lograr el triunfo en las últimas elecciones presidenciales, sino, hasta hace poco, aparecía nuevamente en las encuestas, como el posible candidato triunfante en las próximas elecciones presidenciales del año 2005.

Una participación ausente:

La democracia política puede concebirse como una democracia formal o bien como una democracia participativa.

En América Latina se han alternado históricamente dictaduras militares y democracias formales. En las primeras obviamente la participación ciudadana no solo es inexistente, sino además cualquier acto o movimiento opuesto al régimen imperante es causal de diversos grados de represión. En los períodos democráticos la participación de los ciudadanos queda normalmente restringida a la mera elección de sus representantes, ya sea a nivel de las elecciones comunales, de las elecciones parlamentarias o de las elecciones presidenciales. Son contados los gobiernos que, en los distintos niveles, han organizado y permitido una más efectiva participación de los ciudadanos ya sea a través de las organizaciones sociales o bien a través de plebiscitos.

Es importante señalar que en cierta medida la alternancia de períodos de democracia y de dictadura militar ha dificultado la posibilidad de una mayor participación. La transición de un período de dictadura a una democracia es siempre conflictiva y normalmente implica un largo proceso de negociación. Es por ello que en dichas circunstancias la participación ciudadana es extremadamente difícil ya que se requiere de decisiones rápidas y consensuadas.

La transición en Chile es una clara demostración de ello. La derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988 implicó para él una derrota política pero manteniendo un enorme apoyo del poder militar y del poder económico que limitó enormemente el margen de maniobra del futuro gobierno de Aylwin. Ello tuvo como consecuencia entrar en largas negociaciones que impidieron modificar lo esencial de las estructuras políticas y económicas emanadas de la Constitución “aprobada” por referéndum durante la dictadura de Pinochet. De allí que bien puede hablarse de una democracia restringida o democracia de acuerdos cupulares.

Dentro de esa situación los movimientos sociales, cuyas manifestaciones y movilizaciones contribuyeron decididamente en la derrota del gobierno militar en el plebiscito de 1988, fueron paulatinamente marginadas de las decisiones gubernamentales ya sea a nivel ejecutivo, parlamentario o comunal. Esta marginación generó una creciente desmovilización y desmotivación de los ciudadanos y de las organizaciones sociales que en definitiva se ha traducido en una pérdida de apoyo activo a favor de los gobiernos de la Concertación. Esta actitud no solo afectó a los niveles gubernamentales sino además a los partidos políticos que aparecen como una prolongación del gobierno más que como una expresión del sentir ciudadano.

Es indudable que también influye en estas democracias formales el fuerte centralismo regional y político que ha caracterizado la historia de los países latinoamericanos. En ello sin duda influyó la estructura patriarcal existente en el medio rural que generó una población caracterizada por su pasividad y obediencia. Hay que recordar que hasta mediados del siglo XX la población rural era mayoritaria en prácticamente todos nuestros países y que hasta la fecha dicha situación no ha variado sustancialmente en muchos países latinoamericanos. De allí que este fenómeno siga predominando pese a los cambios que se han producido a nivel de la estructura y gestión de la propiedad rural.

Esta característica, como consecuencia de la fuerte emigración campo-ciudad que afectó a América Latina a partir de 1940, influenció igualmente al medio urbano, en especial en los sectores populares y en los habitantes de los sectores periféricos mayoritariamente formados por antiguos campesinos emigrados del sector rural y de actividades agrícolas.

Por ello nos encontramos frente a un doble fenómeno: por una parte una estructura institucional cerrada a la participación y por otra una población que no considera la participación ciudadana como una prioridad dentro de sus reivindicaciones.

Sin duda esta caracterización no es generalizable a todos los países latinoamericanos , pero no es menos cierto que subyace en la mayoría de ellos.

Sin embargo, afortunadamente, hoy se ve en varios de ellos una creciente reivindicación para lograr una mayor participación de parte de amplios sectores ciudadanos. Ello se manifiesta principalmente a nivel comunal y en ciertas lugares a nivel de gobiernos regionales. La experiencia de Brazil, en el Estado de Río Grande do Sud, es muy significativa a ese respecto. Sin embargo habría que realizar un profundo análisis para comprender las razones que explicarían la falta de apoyo ciudadano que obtuvieron en las últimas elecciones los sectores que propiciaban y representaban una política de participación ciudadana y de fortalecimiento de las organizaciones sociales.

Esta situación nos vuelve a interrogar y a poner de manifiesto la lentitud y dificultad existente para lograr modificar los hábitos y costumbre culturales y lograr una mayor comprensión y un apoyo más permanente frente a aquellos cambios que implican involucrarse activamente en el devenir y en la responsabilidad ciudadana.

Igualmente nos obliga a cuestionarnos sobre la existencia y necesidad de un real y generalizado sentimiento de participación y adentrarnos en un más fino análisis de otras causas que impiden o desmotivan la participación y de aquellas eventuales motivaciones que permitirían a amplios sectores ciudadanos incorporarse y luchar para lograr una mayor participación en la vida política y societal.

Dentro de las razones que impiden o dificultan la participación, fuera de las ya señaladas, podemos agregar:
- El creciente individualismo en la sociedad, que tiene como consecuencia que una parte creciente de la ciudadanía busca resolver sus problemas u obtener ventajas en forma personal . La pérdida de pertenencia social, ya sea a nivel vecinal o comunal, conspira en contra de un involucramiento colectivo que permita aunar esfuerzos en el logro de objetivos comunes
- El consumismo que, junto con centrar las energías en la adquisición de bienes materiales prescindibles, genera un afán competitivo que entra en contradicción con una visión de solidaridad al interior del grupo social . Este elemento va unido a la publicidad y a las campañas promocionales que hacen sinónimo la poseción de bienes materiales con el status social. Es innegable que esta situación no es nueva, pero hoy se ve fuertemente incrementada por el alcance de los medios de comunicación y por los efectos de la globalización
- La sub valoración de los ideales solidarios frente a el reconocimiento social del éxito individual. En ese ámbito es frecuente que no se sancione la forma en que dicho éxito se obtuvo, primando el resultado final. Que el fin justifique los medios es una frase que aun no ha perdido actualidad.

Es efectivo que estas actitudes no pueden generalizarse a toda la sociedad ni a todos los integrantes de ella, pero es necesario destacar una tendencia que indudablemente no ayuda a una actitud y compromiso de participación.

Junto a estos elementos negativos debemos igualmente señalar ciertas condiciones que pueden ayudar a motivar una mayor actitud de participación. Dentro de ellas podemos mencionar:
- La existencia de actitudes valóricas que promuevan la asociatividad. Esta actitud puede ser consecuencia de múltiples factores que van desde la influencia del ámbito familiar o escolar hasta la inserción en un medio donde se valore la acción colectiva por sobre la acción individual
- La vivencia de prácticas participativas ya sea a nivel de actividades solidarias, deportivas o recreativas, actividades que pueden generar una actitud receptiva hacia la participación en otro tipo de acciones vinculadas con la movilización vecinal, comunal o política
- El lograr un reconocimiento social que, sin vulnerar su propia identidad, aumenta el grado de autoestima a través de esta valoración como ser social
- El constatar que la solución de algunos problemas requieren de una acción colectiva concertada, lo que puede motivar, al obtenerse resultados positivos, a continuar actuando en conjunto para lograr nuevos objetivos en beneficio de la comunidad a la cual se pertenece
- La existencia de una política gubernamental, regional o comunal que incentive la participación ciudadana, ya sea involucrando a la población en las decisiones que se tomen en cada una de estas instancias, ya sea motivando la presentación de las reivindicaciones o problemas a través de las organizaciones sociales
- La motivación de reconocimiento de su capacidad como organizador y gestor por el grupo social, lo que puede permitirle representar al grupo y abrirle nuevas posibilidades de ascenso social o generarle una proyección hacia una carrera política. Esta motivación puede ser de carácter meramente utilitaria en lo personal o bien conjugarse con una actitud de servicio societal.

Es indudable que un cambio desde una actitud individual o pasiva hacia una actitud activa y participativa a nivel de la comunidad requiere de un largo proceso en el cual las predisposiciones individuales positivas, conjugadas con otros factores que estimulen la participación pueden crear el ambiente propicio necesario para revertir la actual situación.

Junto a este análisis debemos igualmente considerar , tal como lo señala Eric Fromm, que “ la participación solo tiene sentido cuando las personas involucradas se convierten en protagonistas del acontecer social”. De allí que para que se consolide una actitud participativa las personas o grupos involucrados deben constatar que su actividad tiene una respuesta positiva y que gracias a ella logran resolver sus problemas convirtiéndose paralelamente en protagonistas de la sociedad.

Pero además una real participación contempla una nueva complejidad ya que ésta puede alcanzar diversos grados o etapas participativas. En efecto dichos grados van desde considerar la participación como una simple información que se entrega a los ciudadanos, hasta una participación que comprende la totalidad de las fases o etapas de la gestión.

De allí que debamos analizar la participación en las etapas de motivación, gestación, decisión, ejecución y evaluación.

A través de la etapa de motivación se debe consultar cual es el verdadero grado de interés que puede tener la persona, grupo u organización respecto al eventual proyecto o programa para el cual se le requiere participar. Es frecuente que en las instancias gubernamentales, regionales y comunales, los funcionarios respectivos sean ellos los que deciden cuales son los proyectos que son necesarios a la población sin realizar las consultas y reuniones pertinentes. Por ello frecuentemente dichos proyectos no cuentan posteriormente con el apoyo de la población “aparentemente favorecida”.

La participación en la etapa de gestación es vital para asegurar el futuro éxito de la acción a emprender. Son los principales involucrados quienes mejor conocen la realidad sobre la cual se va a actuar y por ello su opinión debe ser integrada a la discusión técnica, generando así un proyecto realizable en el cual la población se siente considerada.

La participación en la etapa de decisión frente a distintas alternativas cierra el ciclo previo a la ejecución del proyecto o actividad y por consiguiente es el momento en que los ciudadanos y sus organizaciones se sienten involucrados ya que sus opiniones no solo han sido consideradas sino que igualmente se les ha considerado en la decisión final. Este factor constituye desde ya un paso importante para lograr una participación activa en las etapas de ejecución y evaluación.

La participación en la etapa de ejecución puede adquirir distintas formas según el tipo de proyecto o de actividad que se trate. En cualquier caso ello permite integrar el proyecto o actividad como propio, logrando una movilización ciudadana que en definitiva crea una responsabilidad frente al proyecto, constituyendo además un motivo adicional para estimular la participación y para una experiencia de acción conjunta entre el sector público y las organizaciones sociales.

Finalmente la participación en la etapa de evaluación del proyecto o actividad es igualmente fundamental como una forma de cerrar un ciclo y permitir analizar los errores, problemas y aciertos encontrados en la ejecución del trabajo o proyecto. Constituye además una escuela de formación, de actuar en forma conjunta y de salvar las desconfianzas que habitualmente existen entre los servidores públicos y los ciudadanos.

Hoy en día se observan signos positivos en diversos países latinoamericanos respecto a admitir y potenciar una mayor participación ciudadana. Estos signos los encontramos tanto a nivel de ciertas autoridades gubernamentales como igualmente a nivel de las organizaciones sociales.

Sin duda son aun signos limitados pero están mostrando un cambio en la tendencia anterior. Varios gobiernos están propiciando una consulta y una participación ciudadana como paso previo a la realización de proyectos. En igual forma se están promoviendo las organizaciones sociales como canales de representación de las reivindicaciones de la población y se están decidiendo proyectos en los cuales se considera previamente la opinión de los ciudadanos.

Paralelamente las organizaciones sociales están reivindicando una mayor participación en las decisiones políticas a nivel gubernamental, regional y comunal, comenzando además a tomar conciencia de su potencial como actor social. Igualmente algunos partidos políticos comienzan nuevamente a escuchar y considerar la necesidad de reanudar un diálogo más directo con la comunidad como única forma de recuperar credibilidad y apoyo.

Es largo aun el camino por recorrer en nuestros países pero uno de nuestros principales desafíos frente a la globalización y al avasallador neoliberalismo es luchar por democratizar nuestra democracia.