GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIÓN LABORAL INTERNACIONAL. Reflexiones en torno al caso de México
Raúl Delgado Wise·
A raíz del agotamiento del largo ciclo de expansión capitalista que siguió a la segunda guerra mundial, la migración laboral internacional cobra creciente importancia y complejidad. Bajo el influjo de la globalización neoliberal, el cúmulo de migrantes transfronterizos y de remesas enviadas por éstos a sus lugares de origen, se incrementa aceleradamente. Por un lado, el stock mundial de emigrantes se duplica en un lapso de 25 años, para alcanzar en el 2000 un máximo histórico de 150 millones de personas. Por el otro, el flujo de remesas se eleva a un ritmo aún mayor, al pasar de 45 a casi 80 mil millones de dólares, entre 1992 y 2000 (Meyers, 2001).
Lo importante a destacar de este fenómeno -sin precedentes en la historia del capitalismo contemporáneo- es que encierra una amplia e intrincada gama de situaciones, que van desde modificaciones en la geografía migratoria (con sus correspondientes diferencias en los planos regional, nacional e intra-nacional), hasta cambios en los patrones migratorios, el espectro ocupacional de los trabajadores transfronterizos y los montos y modalidades de las remesas. Pero no sólo esto: dichos cambios se asocian, en un sentido más profundo, a las nuevas formas de dominación imperialista que caracterizan al capitalismo contemporáneo.
El objetivo central del presente trabajo es avanzar en esta dirección, tomando como referente el caso de la migración México-Estados Unidos. Nos proponemos, en particular, profundizar en cuatro dimensiones estratégicas -geoeconómicas y geopolíticas- del fenómeno, a la luz de la compleja trama de relaciones que se teje entre ambas naciones. Tómese en consideración que:
Estados Unidos es el país que cuenta con los niveles más elevados de inmigración en el mundo.
De todos los estadounidenses nacidos en el exterior, los mexicanos constituyen, con mucho, el núcleo mayoritario (27%).
La población de origen mexicano que reside en el vecino del norte asciende a 22.9 millones de personas, entre emigrantes -documentados o no- nacidos en México (8.5 millones) y ciudadanos norteamericanos de ascendencia mexicana (14.4 millones).
De este cúmulo de residentes, 62.3% corresponde a población económicamente activa ocupada, que recibió un salario mensual promedio de 1,673 dólares y que en su mayoría (85%) laboró tiempo completo.
El flujo de mexicanos que emigraron al vecino del norte en la última década (medido a partir del flujo neto anual), es 10 veces superior al registrado dos décadas atrás.
Las remesas enviadas a México se multiplicaron por 10 en el curso de las últimas dos décadas, para alcanzar en 2001 un monto de 8,895 millones de dólares.
La frontera entre los dos países -cuya extensión es de poco más de 3 mil kilómetros- es la más transitada del planeta, con alrededor de un millón de cruces diarios.
Para los fines analíticos planteados, el trabajo se subdivide en cuatro apartados: a) la naturaleza de las relaciones comerciales que la economía mexicana establece con el imperialismo norteamericano bajo la égida neoliberal; b) la dialéctica particular que, en dicho contexto, se genera entre el crecimiento exportador mexicano (léase: acentuado proceso de transferencia de excedentes en beneficio del gran capital estadounidense) y la migración internacional; c) el contenido y alcances de la agenda bilateral en materia migratoria, y d) las principales respuestas y procesos de creación de alternativas emergidas desde la base misma comunidad migrante.
El verdadero Rostro del Intercambio Comercial entre México y Estados Unidos
Dos antecedentes resultan de particular relevancia para introducir este punto:
La conformación de tres bloques hegemónicos tras la disolución del "orden" de posguerra (la llamada tríada) y el establecimiento de una estrategia -que John Saxe-Fernández (2001a: 171) denomina neo-monroísta- tendiente a intensificar la hegemonía de Estados Unidos en el continente, especialmente en su patio trasero: América Latina, donde a México se le asigna el papel de una suerte de "conejillo de indias".
La necesidad de aquel país de hacer frente a sus rezagos en materia de competitividad e innovación tecnológica respecto de Alemania y Japón, y revertir con ello -o al menos atemperar- su agudo problema de endeudamiento externo. Tómese en consideración que Estados Unidos pasó de ser el principal acreedor del mundo, a convertirse en el principal deudor.
En esta perspectiva se inscriben las reformas de inspiración neoliberal y los dolorosos programas de ajuste estructural impuestos a México, al igual que al resto de las naciones latinoamericanas, por las diferentes agencias internacionales (FMI-BM-BID) que operan al servicio del Estado norteamericano y de los poderosos intereses que representa: banca y corporaciones transnacionales. Más que hacer referencia a ellas -cuestión que ha sido ampliamente abordada en la literatura sobre neoliberalismo (véase entre otros: Valenzuela, 1996, Guillén, 1997 y Veltmeyer, 2000)-, nos proponemos profundizar en torno a uno de los objetivos estratégicos hacia donde tales medidas se orientan: la transformación del sector exportador del país, para convertirlo en el eje fundamental de la reorientación de la economía mexicana y ponerlo al servicio del poder imperial estadounidense.
Para tal efecto y en virtud de la ilusión óptica que genera el reposicionamiento de México como primera potencia exportadora de América Latina y octava en el mundo, resulta crucial llevar a cabo una operación de desenmascaramiento, a través de la cual se haga posible esclarecer ¿qué es lo que verdaderamente exporta el país? y ¿quiénes son los principales actores y beneficiarios del "auge" exportador?
Al examinar el tipo de exportaciones mexicanas, lo primero que llama la atención es el elevado dinamismo y peso específico alcanzado por las empresas maquiladoras, concebidas como plantas de ensamble asociadas a procesos productivos internacionalizados, con muy escasa integración a la economía nacional. De 1982 a 2001, las ventas al exterior de la industria maquiladora se multiplicaron por 25, para alcanzar en el último año una proporción cercana a la mitad del total de las exportaciones manufactureras (48.5%). Más todavía, esta proporción asciende al 54% si se considera exclusivamente el excedente de exportación, i.e. la diferencia entre el valor de las exportaciones y sus requerimientos de importación (Cypher, 2000: 16). Aunado a esto, se aprecia también un crecimiento espectacular de la manufactura sin maquila, cuyas exportaciones se incrementaron 20 veces en el mismo lapso. Y algo que nos parece aún más significativo: en algunos de sus segmentos más dinámicos, como el automotriz, se observan ciertas tendencias a la maquilización, bajo una lógica de segmentación y deslocalización industrial con un altísimo componente importado.
Otra pieza importante de este peculiar engranaje, es la abrumadora presencia -estimada entre 65 y 75%- del comercio intra-firma con Estados Unidos (Baker, 1995: 402); cuestión que además de contravenir el "libre juego de mercado" pregonado por la ortodoxia neoliberal, pone de relieve el fuerte saqueo al que -por esta vía- es sometida la economía mexicana. No debe perderse de vista que el concepto de producción compartida inherente al comercio intra-firma, no implica utilidades compartidas. Los precios de exportación en este tipo de comercio son fijados artificialmente por las compañías sin declarar "utilidades", lo que posibilita no sólo una transferencia neta de ganancias al exterior, sino que permite incluso subsidiar, con cargo a la economía mexicana, cada empleo generado.
Lo paradójico del caso, es que, a pesar de la fuerza con la que la economía mexicana se vuelca hacia las exportaciones -cuyo monto se eleva de 22 a 158 mil millones de dólares, entre 1982 y 2001-, ello no contribuye a mitigar el agudo y problema del déficit externo, sino que, por el contrario, se traduce en una expansión aún mayor de las importaciones. Resulta particularmente revelador, en este sentido, que de 1988 a 1994 las exportaciones manufactureras crecieran a una tasa media anual (5%) menor a la mitad de la registrada por las importaciones de dichos productos (12%). Y aunque esta dinámica se interrumpe momentáneamente con la crisis de 1995, se reanima de 1997 a 2001 con déficit de poco más de 6 mil millones de dólares en el primer año y que supera los 16 mil millones de dólares en el último.
Todo lo anterior acota y relativiza los alcances de la nueva dinámica exportadora, dejando en claro que se trata de un proceso que, en contraste con lo que supondría el tránsito hacia un patrón secundario-exportador (i.e. especializado en las exportaciones manufactureras): a) no se eslabona -o lo hace en un sentido muy reducido- con las condiciones generadas por la acumulación interna, y b) minimiza sus impactos multiplicadores sobre ella.
Lo hasta aquí expuesto, aparte de mostrar la fragilidad y volatilidad del dinamismo exportador, nos plantea la necesidad de valorar, en su justa dimensión, la naturaleza y alcances de lo que verdaderamente exporta el país. A este respecto, es evidente que al segmento mayoritario de comercio exterior de México -aquel que se inscribe en la órbita del comercio intra-firma y que engloba preponderantemente al sector maquilador-, le queda grande la categoría de exportación manufacturera, pues, como bien lo apunta Carlos Tello (1996: 50), lo que en el fondo se vende al exterior es fuerza de trabajo sin que ésta salga del país. De aquí que tras el velo del supuesto avance en la perspectiva secundario-exportadora, se encubra el achicamiento de una parte de la economía mexicana, a la que se le reduce y compele a fungir como reserva laboral para el capital foráneo.
Tal vez no salga sobrando agregar que esta línea de especialización de las exportaciones guarda una cierta relación con la exportación directa de fuerza de trabajo de México hacia Estados Unidos -vía migración laboral-, imprimiendo un sello característico a la naturaleza del intercambio comercial entre ambas naciones. En uno y otro caso implica la transferencia neta de ganancias al exterior.
Para concluir este apartado y redondear nuestra visión acerca de la naturaleza de la reinserción de la economía mexicana en la órbita del capitalismo estadounidense, dos breves apuntes resultan pertinentes:
Además de fuerza de trabajo (que constituye, con mucho, la principal mercancía de exportación del país, con una contribución neta a la balanza comercial superior a los 28 mil millones de dólares en 2001 ), México exporta recursos naturales (principalmente petróleo) y activos. Hacia esto último -i.e. la adquisición de activos, a precios de remate, provenientes, sobre todo, de la privatización de empresas públicas - se ha dirigido el grueso de la inversión extranjera directa, poniendo de relieve no sólo el carácter no productivo de este tipo de inversión, sino su denodada contribución a los procesos de concentración y centralización de capital de las grandes empresas transnacionales.
Quizás lo que mejor sintetiza el carácter extremadamente restringido que, bajo las circunstancias descritas, asume el proceso de acumulación de capital en México, sea la despiadada e inmoral transferencia -o mejor aún: saqueo- de excedentes que se produce en el contexto neoliberal y bajo la égida del imperialismo norteamericano. Al respecto, John Saxe-Fernández y Omar Núñez (2001: 150-151) estiman que el monto total de excedentes transferido por el país -principalmente a Estados Unidos- entre 1982 (año en el que inicia el viraje de la economía mexicana hacia la producción para la exportación) y 1997, asciende a 457 billones de dólares, a precios constantes de 1990. La contundencia de esta cifra -que no incluye la transferencia de ganancias vía exportación directa e indirecta de fuerza de trabajo- cobra su verdadera dimensión si se considera que América Latina descuella como la primera región tributaria del mundo subdesarrollado y que, en el contexto latinoamericano, nuestro país se sitúa a la cabeza.
Dialéctica entre Crecimiento Exportador y Migración Internacional
La contraparte del actual rostro exportador de la economía mexicana -que le confiere una fisonomía de "enclave" (Delgado Wise y Mañán, 2000)- está dada por la pauperización de la mayor parte de la población, la profundización de las desigualdades sociales y la generación de una masa, cada vez mayor, de trabajadores que no encuentra acomodo en el mercado laboral formal del país. Y es esto último, precisamente, el caldo de cultivo que nutre al vigoroso proceso migratorio transfronterizo que se registra en la actualidad.
Para dar una idea de la magnitud alcanzada por el fenómeno, las siguientes cifras resultan más que elocuentes:
El número de personas nacidas en México que residen en el vecino del norte asciende a 8.5 millones de personas, de las cuales poco más de la tercera parte son migrantes indocumentados;
El flujo de migrantes temporales (sojourners) oscila entre 800 mil y un millón de desplazamientos por año; y
Anualmente alrededor de 300 mil mexicanos establecen su residencia permanente (settlers) en Estados Unidos (Tuirán, 2000).
Aun cuando la migración laboral México-Estados Unidos es un fenómeno que cuenta con una larga historia, que data de la segunda mitad del siglo XIX, en su fase actual se caracteriza por exhibir una intensidad y un dinamismo sin precedentes. Pero no sólo eso: conlleva también transformaciones cualitativas de primer orden, tanto en la geografía migratoria (diversificación de las regiones de origen y destino así como una mayor presencia de las zonas urbanas), como en el espectro ocupacional de los trabajadores transfronterizos (nuevos ámbitos de inserción en el mercado laboral estadounidense), los patrones migratorios (edad, sexo, escolaridad, posición en el hogar, tiempo de estancia, estatus legal, etc.) y el monto, mecanismos de envío/recepción, usos e impactos de las remesas.
Los siguientes datos -todos referidos al año 2000- ponen de relieve algunas de las nuevas aristas del fenómeno:
Aun cuando la intensidad de la migración internacional varía territorialmente, el 96.2% de los municipios del país registra algún tipo de vínculo con la migración internacional. Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde la población residente de origen mexicano -no obstante estar concentrada en un puñado de estados- tiene presencia en prácticamente todo el país, incluyendo Alaska y Hawai, donde radican poco más de 100 mil mexicanos.
El 55% de la población de 15 años y más, nacida en México que reside en Estados Unidos, cuenta con una escolaridad de secundaria completa o más. Esta cifra baja a 40.7% en el núcleo de migrantes temporales o circulares y se eleva a 71.8%, al considerar todo el espectro de la población de origen mexicano establecida en aquel país. La media para México en este renglón es de 51.8%, lo que significa que -en términos generales y contra de lo que comúnmente se supone- se está yendo más fuerza de trabajo calificada de la que tiende a quedarse en el país.
Un tipo de desplazamiento poco visible y que se sale de los estereotipos de la migración laboral, es el correspondiente a los mexicanos residentes en Estados Unidos que cuentan con un nivel de escolaridad equivalente a licenciatura o posgrado. En este caso, el monto asciende a poco más de 250,000 personas.
El porcentaje de ocupación de la población económicamente activa de mexicanos establecidos en Estados Unidos, supera en 15 puntos al registrado por la población que vive en el país.
La masa de trabajadores migratorios nacidos en México que cuenta con ocupación formal en el vecino del norte es de aproximadamente 5 millones; monto equivalente a una cuarta parte de la población empleada en el sector formal del país.
El 36.2% de los emigrantes laboran en el sector secundario (i.e. industrial), mientras que en México sólo lo hace el 27.8%. Esta situación contrasta con la visión estereotipada del migrante como trabajador agrícola, mostrándonos un cambio fundamental en el mercado laboral transfronterizo.
A la par de estas características, se aprecia un significativo incremento en el flujo de remesas enviadas de Estados Unidos a México, las cuales se multiplicaron por 3.5 en el curso de la última década, para alcanzar, en 2001, un máximo histórico de 8,895 millones de dólares (véase cuadro 1). Ello no sólo consolida la posición del país como principal receptor de remesas o "migradólares" en América Latina y segundo a nivel mundial (Waller Meyers, 2000: 275, Lozano, 2000: 160-161), sino que sitúa a la exportación de fuerza de trabajo como la tercera fuente de divisas en importancia del país, con una contribución a la balanza en cuenta corriente que supera la correspondiente al turismo y las exportaciones agropecuarias.
CUADRO 1. IMPORTANCIA DE LAS REMESAS EN LA GENERACIÓN DE DIVISAS
(MILLONES DE DÓLARES)
AÑO S e c t o r d e O r í g e n
Remesas Turismo Petróleo Manufactura Agropecuario
1991 2660 4340 8166 32307 2373
1992 3070 4471 8307 36169 2112
1993 3333 4564 7418 42500 2504
1994 3475 4855 7445 51075 2678
1995 3673 4688 8423 67383 4016
1996 4224 5287 11654 81014 3592
1997 4865 5748 11323 95565 3828
1998 5627 6038 7134 106550 3796
1999 5910 5869 9920 122819 4144
2000 6572 5953 14884 145261 4263
2001 8895 6538 12801 141346 4007
Fuente: Elaborado con datos del Informe Anual del Banco de México, México, 1999 e INEGI, Indicadores Económicos,
México, 2001.
La trascendencia de las remesas como factor compensatorio del desequilibrio externo se vuelve aún más evidente, si analizamos la contribución neta de cada sector a la generación de divisas. En este caso, como se aprecia en el cuadro 2, se muestran como la segunda fuente de ingresos netos, después del petróleo.
Que las remesas hayan logrado escalar a esta posición, erigiéndose en la fuente de divisas que registra el crecimiento más consistente a lo largo de la década de los noventa, no sólo las hace más visibles y apetecibles para el capital financiero internacional, sino que pone en claros aprietos a los apologistas del "milagro" exportador mexicano: ¿cómo encubrir ahora, ante la contundencia de estas evidencias, la naturaleza subdesarrollada de la economía mexicana o el carácter profundamente asimétrico de las relaciones de intercambio que se tejen con el capitalismo norteamericano?
CUADRO 2. APORTACIÓN DE LAS REMESAS AL SALDO COMERCIAL NETO
(MILLONES DE DÓLARES)
AÑO S e c t o r d e O r í g e n
Agropecuario Petróleo y gas Minería y otras acti-vidades extractivas Manufactura Turismo Remesas
1991 242 7030 395 -14660 1905 2660
1992 -746 6896 360 -22066 1788 3070
1993 -129 6054 319 -19068 1948 3333
1994 -693 6265 291 -23350 2305 3475
1995 1373 7507 -133 -117 3028 3673
1996 -1079 10469 74 -124 3327 4224
1997 -345 9227 758 -6023 3710 4865
1998 -976 5406 544 -9881 3760 5627
1999 -554 8954 -446 -10363 3768 5910
2000* -161 9385 1388 -12969 2854 4564
2001* -843 11006 -483 -13356 2981 6700
Fuente: Elaborado con datos del Informe Anual del Banco de México, México, 2001 e INEGI, Indicadores Económicos, México, 2001.
* Datos hasta el tercer trimestre del año
Al trasladarnos al plano social, la importancia estratégica de la migración no sólo se ratifica, sino que se redimensiona, ya que, como bien lo destaca Rodolfo Corona (2001: 38):
El fenómeno migratorio y las remesas constituyen aspectos generalizados en la vida del país, pues involucran a uno de cada cinco hogares mexicanos, elevándose tal proporción en algunas regiones, como las áreas rurales de nueve entidades federativas del centro-occidente de la República, donde de cada dos hogares uno está relacionado con el vecino país del norte por recibir dólares, porque entre sus miembros hay alguno o algunos que vivieron o trabajaron (o trabajan) en Estados Unidos o porque de esta unidad doméstica salió alguna persona para radicar en Norteamérica.
A fin de completar el cuadro sobre la dinámica contradictoria que se genera entre migración y crecimiento económico bajo la égida neoliberal, es pertinente traer a colación lo siguiente:
Sin menoscabo de su importancia como fuente de divisas para el país y de subsistencia para numerosos hogares mexicanos, las remesas entrañan, en el fondo -como apuntamos antes-, una transferencia neta de ganancias al exterior.
A diferencia de la fuerza laboral que se exporta indirectamente (vía maquila), la que emigra y se establece en Estados Unidos consume en ese país una parte muy significativa de sus ingresos salariales, con la consecuente transferencia de su impacto multiplicador potencial a la economía norteamericana. Tómese en consideración que los ingresos de los trabajadores de origen mexicano en Estados Unidos fueron, en el año 2000, del orden de los 250 mil millones de dólares, de los cuales 87 mil millones correspondieron a emigrantes nacidos en México. Estas cantidades contrastan significativamente con las remesas enviadas al país, las cuales, por más impresionantes que parezcan, alcanzaron en el mismo año un monto de 6,572 millones.
Desde un punto de vista fiscal, los migrantes internacionales aportan más de lo que reciben en prestaciones y servicios públicos. Contribuyen, en este sentido, a la dinamización de la economía receptora, mediante la transferencia de recursos al fondo de capital social a disposición del Estado norteamericano.
Aunque es difícil medirlo, al presionar sobre el mercado laboral, los migrantes tienden a incidir adversamente en el incremento de los salarios, sobre todo en los campos en los que se desempeñan. A este respecto, un estudio reciente de Jean Papail (2001), pone de relieve que la brecha entre el ingreso promedio que reciben los migrantes mexicanos y el salario mínimo federal de Estados Unidos ha tendido a reducirse en el curso de los últimos 25 años, y peor aún: medido a precios constantes de 2000, se redujo 38% en el mismo lapso (al caer de 11.7 a 7.2 dólares por hora). Lo paradójico del caso, es que esta situación se genera a la par de los cambios en el perfil laboral de los migrantes arriba descritos.
Queda evidenciado así el círculo perverso en el que se halla atrapado el proceso migratorio de México hacia Estados Unidos, donde los dados se encuentran claramente caragos a favor de los intereses hegemónicos de este último.
La política del estado mexicano en materia migratoria: de la "no política" a la subordinación abierta
Bajo estrechos cálculos de costo-beneficio -con el claro propósito de evitar una confrontación con Estados Unidos, sobre todo en relación con la migración indocumentada-, el gobierno mexicano optó por seguir, entre 1974 y hasta hace relativamente poco tiempo, una estrategia sui géneris que García y Griego (1988) denomina "la política de la no política" y que consistía en no tener, al menos explícitamente, una política en materia migratoria.
La negociación y suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convierte en un referente fundamental para el curso subsecuente de la relación bilateral y, en particular, de la migración internacional. Que el gobierno mexicano haya aceptado excluir el tema migratorio de la agenda de negociaciones y adherir acríticamente el principio de libre flujo de capitales y mercancías, ratifica no sólo su falta de compromiso con el sector migrante, sino su franca y, en este caso, abierta subordinación a los intereses hegemónicos de Estados Unidos.
En la misma tesitura se ubica la tibia postura asumida por el gobierno mexicano frente a la feroz embestida del gobierno de Washington en contra de los derechos humanos y laborales de nuestros connacionales. Entre las múltiples medidas implementadas por dicho gobierno para instaurar un régimen de terror en su franja fronteriza con México (que en nada se corresponde con lo que debiera ser una política civilizada de "buena vecindad" entre dos socios comerciales ), sobresalen los múltiples operativos desplegados por el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (SIN) para contener, a cualquier costo, el creciente flujo de migrantes laborales mexicanos. Coincidiendo con el espíritu xenofóbico de la frustrada Proposición 187 del gobernador de California, Pete Wilson, el 30 de septiembre de 1996 entra en vigor la llamada "Ley para Reformar la Migración Ilegal y la Responsabilidad de los Inmigrantes". Lo trascendente -y aberrante a la vez- de esta ley (aún vigente), es que institucionaliza la criminalización de la migración laboral, a través de una serie de normas arbitrarias de procedimiento, que trasgreden los derechos humanos y laborales de los trabajadores transfronterizos, tales como:
Agilizar los procedimientos para la expulsión de los migrantes indocumentados que sean detenidos por las autoridades migratorias, incluyendo la expulsión sumaria sin derecho de audiencia, en los casos de personas con antecedentes penales.
Instruir al Departamento de Justicia para que a través del Servicio de Inmigración y Naturalización, establezcan planes piloto para detectar a trabajadores "ilegales" quienes deberán ser reportados por sus potenciales empleadores.
Penalizar severamente al migrante que reincida en ingresar a Estados Unidos sin la documentación requerida, quedándole prohibido hacerlo en por lo menos 10 años; ello sin perjuicio de hacerse igualmente acreedor a ser denunciado ante un juez migratorio quien podría sentenciarlo a purgar una pena de hasta un año de cárcel.
Conceder al oficial de migración en los puntos de ingreso terrestre, aéreo o marino de Estados Unidos, una mayor discrecionalidad para decidir sobre la internación de un extranjero, someterlo a "inspecciones secundarias", remitirlo a un juez migratorio, o inclusive poder negarle el acceso cuando tenga "sospecha fundada" de que no tiene derecho a permanecer en el país.
Hacer extensivo a nivel nacional el sistema iniciado en plan experimental en la zona de San Diego, por el cual los migrantes indocumentados son "fichados" mediante el registro de sus huellas dactilares. Se busca establecer un sistema global de control que detecte a la persona registrada en el sistema en cualquier momento y punto del territorio, cuando intente regresar a Estados Unidos.
Trasladar la carga de la prueba al migrante despedido o afectado negativamente por decisiones discriminatorias por parte de su patrón. (Mohar, 2001: 51).
Uno de los saldos más oprobiosos de esta "línea dura" de la política de inmigración estadounidense, es, sin duda, la multiplicación de las muertes de mexicanos en la franja fronteriza, las cuales ascendieron, entre 1998 y 2000, a un total de 1,236; cuestión que evidencia el recurso a "... la muerte como elemento disuasivo de la migración" (Villaseñor y Morena, 2002: 13), ratificando la predisposición al terrorismo de Estado como ingrediente esencial de la política exterior y de seguridad interna de Estados Unidos.
No está por demás agregar que:
La principal respuesta del gobierno mexicano a los retos de la realidad migrante resultó ser una medida tardía y confusa: la ley de la no pérdida de la nacionalidad mexicana. Poco después de haber sido aprobada la 187, y de que ONGs estadounidenses iniciaran esfuerzos legales para comprobar su inconstitucionalidad, funcionarios mexicanos e intelectuales allegados al poder empezaron a difundir la idea de modificar la Constitución de nuestro país, para permitir a los connacionales radicados en los Estados Unidos que se naturalizaran, defender mejor sus derechos ... Desde un principio, la ley fue diseñada para extender a esos mexicanos la posibilidad de recuperar una "nacionalidad" que les permitiría tener derechos culturales y económicos. De manera contundente se excluían derechos políticos. (Martínez, 1999: 251).
A reserva de que más adelante ahondemos en el punto, es pertinente acotar que la referida ley -que entró en vigor el 20 de marzo de 1998- ha sido retomada y recodificada al seno de la comunidad migrante mexicana organizada en los Estados Unidos, para exigir, con mayor fuerza cada vez, el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
El arribo de Vicente Fox a la presidencia de México, en diciembre de 2000, baña con nuevos tintes el complejo y complicado escenario que se ha venido delineando, especialmente en lo que hace a la revaloración del tema migratorio. Sobre este cambio de postura en la política exterior mexicana, el canciller Jorge G. Castañeda (2001:89) puntualiza:
El más prominente y, por distintos motivos, el tema prioritario en la actual agenda bilateral de México y Estados Unidos, es, por supuesto, la negociación para atender en forma integral el fenómeno migratorio. Este tema siempre ha estado presente en la relación entre los dos países, pero nunca formó parte de la agenda negociadora de los gobiernos. Incluso en el caso del "acuerdo bracero" de 1942, que algunos consideran un antecedente en esta materia, puede argumentarse que se trató más bien de un acuerdo diseñado por Estados Unidos para obtener mano de obra barata durante la Segunda Guerra mundial, en el cual el papel negociador de México fue muy limitado. A diferencia de aquel efímero antecedente, en la actualidad ambos gobiernos han reconocido la necesidad de contar con un marco ordenado para la migración, que garantice un trato humano, protección legal adecuada y condiciones laborales dignas para los migrantes. Hoy ambos gobiernos conciben el tema migratorio como una fuente de desafíos y oportunidades, así como de los principales vínculos que unen a nuestras naciones.
¿Cómo interpretar el cambio de postura de ambos gobiernos en torno al tema migratorio? Por encima del tono arrogante y de amnésico e infundado triunfalismo del balance hecho por el canciller mexicano ¿qué lectura debemos hacer de la agenda de negociación convenida?, ¿a qué intereses responde? y ¿cuáles son sus verdaderos alcances?
Más aún, tomando en consideración los cinco grandes temas agendados: regularización de la situación migratoria de connacionales, programa de trabajadores temporales, ampliación del número de visas, fortalecimiento de la seguridad en la frontera (con especial énfasis en el combate al tráfico de personas y la prevención de muertes de migrantes) e impulso a programas de desarrollo en las zonas de alta migración ¿qué ponderación cabe hacer acerca de los avances en la negociación? Sobre esta base y bajo el tamiz del contexto estructural en el que se desenvuelven las relaciones de México con Estados Unidos ¿qué puede concluirse en torno al viraje emprendido por la administración foxista en materia migratoria?, ¿se trata de un viraje estratégico en la política exterior mexicana o un simple cambio escenográfico de corto alcance? Finalmente ¿hay o no, tras el ropaje de la nueva postura de México en materia migratoria, una agenda oculta? y, de ser así ¿cuál es su contenido y consecuencias previsibles?
Lo primero que cabe destacar en torno al conjunto de interrogantes planteadas, es que el cambio de postura de los gobiernos mexicano y norteamericano en relación con el tema migratorio, tiene como trasfondo el reconocimiento de una realidad: el desbordante crecimiento del fenómeno migratorio -a contracorriente de lo previsto o pregonado por la doctrina neoliberal- y la incapacidad de Estados Unidos para contenerlo (o mejor aún: regularlo) de manera unilateral y bajo estrictas medidas de corte policiaco o militar, como las contempladas por la ley de 1996 (Mohar, 2001: 54). A raíz de la recesión por la que atraviesa la economía estadounidense y su impacto procíclico sobre la mexicana, esta problemática se acentúa aún más y se redimensiona bajo el prisma de la seguridad hemisférica de la primera potencia capitalista del mundo.
Una segunda consideración importante es que los cinco grandes temas incorporados a la agenda bilateral, aun cuando abordan asuntos de interés para la comunidad migrante, hacen abstracción de una cuestión que resulta fundamental desde la óptica de los intereses estratégicos de México: la liberalización de los flujos migratorios. Se trata, en este sentido, de una agenda estructuralmente limitada, que no ataca las causas de fondo de la migración internacional y que, por el contrario, apunta -como el propio gobierno mexicano lo pregona- a "transitar hacia un régimen de flujos ordenados" o regulados. No es difícil advertir que los dados en la negociación están cargados hacia los intereses estratégicos de Estados Unidos, quien, en el peor de los casos, continuará beneficiándose del usufructo de una reserva de mano obra barata proveniente de tierras mexicanas. De aquí que resulte imprecisa la presunción del Presidente Fox, plasmada en el texto de su Primer Informe de Gobierno y ratificada en el informe anual de labores del canciller Castañeda, en el sentido de que "Por primera vez en la historia, Estados Unidos ha aceptado negociar con otra nación, en este caso México, el tema de la migración de manera integral."
Sobre los "avances" logrados en cada uno de los temas de la agenda binacional, las siguientes observaciones y consideraciones resultan pertinentes:
A la fecha no hay prácticamente nada importante que consignar en relación con la regularización de la situación migratoria de poco más de tres millones de connacionales que cargan con el estigma de "ilegales". La única información que tenemos al respecto, es que la posibilidad de la "amnistía" (término inherente al discurso que criminaliza la migración laboral) prácticamente fue descartada por el gobierno de Estados Unidos, para reemplazarla por un programa más modesto de "ajuste adquirido" (Miller y Seymour, 2001: 1). En esta perspectiva se inscribe el anuncio de que podrían beneficiarse de la llamada "amnistía" tardía alrededor de 300 mil mexicanos, efectuado por el SIN en febrero de 2002.
Sin lugar a dudas, el tema de los trabajadores temporales es uno de los que mayor interés ha despertado entre las autoridades y legisladores de Estados Unidos. Como bien lo destaca Genoveva Roldán (2001: 85):
Tal pareciera que ... todo está encaminado hacia el proyecto -que en el Congreso estadounidense ya se ventilaba entre septiembre y octubre del 2000-, de un nuevo Programa Bracero, o al aumento de la cuota de visas que anualmente entrega Estados Unidos a los mexicanos. El senador de Texas, Phil Gramm, ha esbozado un nuevo proyecto de ley que permitiría a ... indocumentados provenientes de México trabajar legalmente con un salario mínimo garantizado y acceso a algunos fondos de salud, pero a condición de que regresen a su país de origen luego de un año de estancia; el número de trabajadores a los que se les permitiría registrarse sería ajustado anualmente en respuesta a cambios en las condiciones económicas estadounidenses, específicamente la tasa de desempleo.
A través de este programa, bautizado como de trabajadores huéspedes -tal vez con el afán de distinguirlo, aunque sólo sea de nombre, del desacreditado Programa Bracero-, se expresa, con nitidez, uno de los ejes fundamentales de la postura de Washington en el proceso negociador. Bajo la "generosa" oferta de sacar de la "sombra de la ilegalidad" a millones de migrantes laborales mexicanos y "concederles" derechos laborales mínimos, el programa se propone, en palabras del propio senador Gramm, "fortalecer la economía de Estados Unidos y estimular [mediante las remesas enviadas a nuestro país y las habilidades adquiridas por los trabajadores 'huéspedes' a través del programa] el largamente postergado desarrollo económico de México". En sintonía con esta concepción se llevó a cabo una experiencia "piloto" en el estado de Zacatecas, con la participación de las empresas norteamericanas LEH Packing Company, ACME Brick; Kanes, San Angelo y Marcus Drake (García Zamora y Moctezuma, 2001).
Y aunque todo indica que el programa cuenta con la bendición del presidente Fox, la "Conferencia Unida de Mexicanos en el Exterior", que aglutina a una veintena de organizaciones políticas de migrantes, manifestó su abierto "rechazo al Programa de Trabajadores Huéspedes o Temporales" y expresó su inconformidad por la exclusión de representantes de la comunidad migrante en las negociaciones (El Universal 5/01/02).
No existe información disponible sobre posibles avances en la cuota de visas disponibles para mexicanos. El único dato que tenemos es que en el programa de visas H-2a -correspondiente a trabajadores agrícolas temporales-, la cuota asignada a México disminuyó respecto de otras nacionalidades, entre 1995 y 2000.
De los cinco temas que integran la agenda bilateral, el relativo a la seguridad fronteriza es, con mucho, el que más atención ha recibido de parte de ambos gobiernos y sobre el que se han dado los mayores "acercamientos". En este caso, al igual que en el programa de trabajadores huéspedes, se ha impuesto la visión e intereses de Washington. Un claro ejemplo de ello, es el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, suscrito el 22 de junio de 2001, el cual incluye:
... declarar zonas de alto riesgo vastas extensiones en la región limítrofe entre México y Estados Unidos; un nuevo programa de reconocimiento aéreo en las áreas desérticas; prevé un proyecto piloto para que la Patrulla Fronteriza reemplace el armamento letal por otro no letal y disuasivo; revisión de los operativos Salvaguarda, Guardián, Bloqueo y Río Grande; incremento hasta en 40% del número de integrantes del Grupo Beta; el fortalecimiento de medidas para prevenir el acceso a cruces en zonas de alta peligrosidad; prohibir el paso de personas hasta 3 kilómetros al sur de la frontera; y efectuar operativos de "disuasión" de la migración entre la Patrulla Fronteriza y los Grupos Beta, e intercambiar información entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) para combatir a bandas de polleros. (Sandoval, 2001:252).
Se trata, ostensiblemente, de un conjunto de operativos coordinados, a través de los cuales cuerpos policiales de México son puestos al servicio de la seguridad de Estados Unidos, asignándoles tareas de combate a la migración indocumentada, bajo el supuesto compromiso de proteger los derechos humanos de quienes intentan cruzar la frontera. Las 377 muertes de migrantes mexicanos ocurridas en 2001, el aumentó del presupuesto del SIN en un 29% (anunciado por el presidente George W. Busch el 29 de enero de 2002) y la decisión de incrementar en casi 800% el número de elementos de la Guardia Nacional apostados en la franja fronteriza (notificada por la Casa Blanca el 6 de febrero de 2002), son señales inequívocas de que los derechos humanos no figuran entre las prioridades de Washington. Por su parte, la tibieza con la que las autoridades mexicanas han reaccionado frente a la violencia y terrorismo desencadenados por el gobierno de Estados Unidos, mediante ridículas campañas de "disuasión" emprendidas por el Coordinador de la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior, Juan Hernández, revelan que tampoco para la administración del presidente Fox los derechos humanos son una prioridad. Y peor aún: a cambio de ciertas prebendas en relación con la migración laboral mexicana -que hasta ahora no han sido sino falsas promesas- el gobierno de México ha aceptado desempeñar el papel de "centinela" de los Estados Unidos en su frontera sur, mediante el impulso de dos programas complementarios: el Plan Puebla Panamá y el Plan Sur.
El primer programa, como bien lo apunta Juan Manuel Sandoval (2001: 251), se inscribe en una estrategia de integración de
... la región sur-sureste de México y el istmo centroamericano en la dinámica del neoliberalismo, para aprovechar los recursos naturales y energéticos, así como la mano de obra barata de la región, y construir un puente entre América del Norte y América del Sur para facilitar la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El segundo, que inició el 1° de julio de 2001, tiene por objeto "... reducir la porosidad de las líneas divisorias entre nuestro país y Guatemala y Belice, mediante el incremento de la presencia policiaca y militar... en el marco del compromiso adquirido ante Washington por la administración de Fox en el sentido de reducir el flujo de inmigrantes indocumentados que llegan a la frontera común." (Sandoval, 2001: 252). Se trata, en esencia, de una operación de "sellamiento" de nuestra frontera sur, mediante un control policiaco y militarizado de la misma, que reproduce, en territorio mexicano, el sistema de seguridad diseñado por Estados Unidos, delegando al gobierno de México las tareas encaminadas a contener la migración centro y sudamericana, en un acto de servilismo y subordinación sin precedentes. El reciente ofrecimiento hecho por el presidente Vicente Fox al gobierno de Estados Unidos de endurecer el control sobre el flujo de migrantes, reafirma, sin ambages, esta postura (La Jornada 14/02/02).
El desarrollo regional en las zonas de más alta intensidad migratoria constituye otro de los puntos de la agenda bilateral en el que los "avances" logrados son prácticamente nulos. Hasta ahora no hay visos de una iniciativa de esta naturaleza que involucre a los gobiernos de ambos países. Lo único que existe son programas promovidos por gobiernos estatales, como el 3x1 de Zacatecas y "Mi Comunidad" de Guanajuato, así como la iniciativa recientemente impulsada por la administración Fox, bajo lema "adopta una comunidad" (Reforma 20/01/02). Lo singular de esta iniciativa -dirigida a cinco entidades de la República- es que está concebida como una estrategia de combate a la pobreza, partiendo, como lo subraya Jorge Santibáñez (2002), de una percepción equivocada de la relación entre marginación y migración internacional.
De lo hasta aquí expuesto queda claro que el saldo de la negociación bilateral en materia migratoria resulta favorable, única y exclusivamente, a los intereses estratégicos geopolíticos (seguridad hemisférica) y geo-económicos (aprovechamiento de las ventajas que ofrece México en términos de fuerza de trabajo barata y recursos naturales) de Estados Unidos. Se presenta, en este sentido, como un juego de suma cero, donde lo que uno gana el otro pierde. Y lo peor de todo es que, en este proceso asimétrico de negociación -que nada tiene que ver con el principio de "responsabilidad compartida"-, el rostro digno que por largo tiempo caracterizó a la política exterior mexicana acabó siendo desfigurado y reemplazado por el de la subordinación abierta.
La Comunidad Migrante frente a los Desafíos de la Globalización Neoliberal
Para concluir nuestro análisis, es oportuno traer a colación -como lo subraya James Petras (2001b: 85)- que:
La imagen que tienen algunos intelectuales de que existe la necesidad de crear una alternativa es, por supuesto, una expresión de su ignorancia de las alternativas existentes en el proceso de creación y/o su aceptación inconsciente de lo que argumenta la globalización: que no existen alternativas. En vez de repetir clichés desgastados por el tiempo sobre la 'necesidad de alternativas', es más apropiado relacionarse ahora con las alternativas en el proceso de elaboración que llevan a cabo los movimientos en lucha.
Las alternativas están ahí para que se les dé mayor sustancia, coherencia y proyección en el Estado-nación o incluso más allá.
Desde esta perspectiva, lo primero que cabe advertir es que la comunidad migrante se parece hoy cada vez menos, en su fisonomía, a una población aislada, dispersa y desorganizada. Como subproducto contradictorio de la evolución histórica y maduración de las redes sociales migratorias, se produce un tránsito -cada vez más perceptible y significativo- del migrante individual hacia lo que Miguel Moctezuma (2001) concibe como un agente colectivo binacional y transterritorial.
Dicho proceso se materializa en la conformación de una amplia constelación de clubes (que suman más de 500 en la actualidad), de asociaciones de éstos, de federaciones por entidades en varios estados de la unión americana y de alianzas múltiples y coaliciones de organizaciones de diversas entidades que tienen un horizonte nacional y binacional. Lo significativo a resaltar en torno a este punto, es que por esta vía la comunidad migrante avanza hacia esquemas organizativos superiores, caracterizados, entre otras cosas, por: a) disponer de una organización formal relativamente permanente; b) fortalecer, a partir de ella, los lazos de identidad cultural, pertenencia y solidaridad con sus lugares de origen; c) abrir perspectivas de interlocución ante diferentes instancias públicas y privadas, tanto de México como de Estados Unidos, y d) contar con un no despreciable potencial financiero -a través de fondos colectivos, que superan las limitaciones y rigideces propias de las remesas individuales o familiares- para destinarlo a obras sociales y, eventualmente, proyectos de desarrollo local y regional.
A la par de este proceso No cabe duda que la demanda que mayor convocatoria e interés ha concitado al seno de la comunidad migrante organizada en Estados Unidos y que le ha permitido tender puentes con organizaciones de la sociedad civil del país, es la correspondiente al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de los mexicanos en el extranjero. En esta demanda -que es una consecuencia inmediata de la reforma constitucional de 1992 sobre la "no pérdida de la nacionalidad"- se sintetizan cuatro reivindicaciones que apuntan en dirección opuesta a la ideología y práctica propias de la globalización neoliberal:
Fortalecimiento de la identidad nacional (mexicanidad) vs. la tendencia desintegradora y desarticuladora inherente al globalismo.
Impulso colectivo al desarrollo local y regional, en contraposición al impacto destructivo del mercado interno y las bases productivas nacionales propio de la reestructuración neoliberal.
Democracia desde abajo (atacando la separación entre clase política y sociedad civil inherente a la "democracia" neoliberal). Petras y Veltmeyer, 2001 cap. 6. sentido instrumental. Declaración de Zacatecas.
Fortalecimiento del Estado de Bienestar, frente a la negación del derecho a la seguridad social que caracteriza al Estado neoliberal.